Usuarios de Chilecito han reportado facturas eléctricas que oscilan entre $200.000 y $700.000, a pesar del congelamiento tarifario anunciado por el gobernador Ricardo Quintela. Esta situación ha llevado a la oposición a preparar un amparo colectivo y al sindicato ATE a convocar a una movilización frente a las oficinas de EDELaR.
La diputada provincial Gabriela Rodríguez confirmó que abogados de la Unión Cívica Radical están trabajando en una presentación judicial para exigir a la distribuidora que explique los incrementos y detalle la composición de las boletas. Rodríguez también mencionó que recibió una factura por $480.000, y otros usuarios han reportado montos similares.
Según Rodríguez, muchas de estas facturas han duplicado o triplicado su valor, lo que pone en duda la afirmación de que el aumento se deba únicamente a un mayor uso de electricidad. La controversia se intensifica ya que Quintela había prometido que las tarifas permanecerían congeladas hasta el 31 de agosto y que la Provincia se haría cargo de los aumentos nacionales.
El Gobierno ahora debe aclarar si el congelamiento abarca todos los componentes de la factura o solo el valor agregado de distribución, además de verificar si se han realizado modificaciones debido al consumo, la eliminación de subsidios o la actualización de impuestos. EDELaR, controlada por el Estado provincial, se encuentra en el centro de esta disputa, ya que la administración provincial no puede presentar el conflicto como un problema entre usuarios y una empresa privada.
La distribuidora está obligada a publicar los cuadros tarifarios aplicados antes y después del anuncio, así como el costo de la energía mayorista, el valor agregado de distribución y los impuestos. La movilización de ATE, programada para el 31 de julio, se llevará a cabo desde la plaza principal de Chilecito hasta las oficinas de EDELaR, con el objetivo de exigir respuestas sobre los altos montos de las facturas y la falta de información accesible para los usuarios.
Rodríguez también criticó la falta de un Defensor del Pueblo provincial en funciones, lo que impide que los usuarios cuenten con un organismo autónomo que revise la facturación y litigue en su nombre. A pesar de que un amparo está en preparación, esto no garantiza que las facturas sean ilegales, ya que será necesario analizar lecturas de medidores, períodos de consumo y subsidios.
La situación plantea un desafío para el Gobierno provincial, que deberá demostrar con datos concretos cuánto ha absorbido de los aumentos y qué parte de los mismos ha terminado repercutiendo en los hogares. La controversia seguirá creciendo con la recolección de facturas para el amparo y la movilización sindical convocada en Chilecito, mientras que EDELaR aún no ha publicado un informe detallado sobre los casos denunciados.
Fuente: NA
