El Gobierno nacional está elaborando un anteproyecto de ley que busca modificar el régimen de traducciones públicas, lo que ha generado preocupación entre los traductores públicos. Esta iniciativa propone derogar el artículo 6 de la Ley 20.305, que regula el ejercicio de la profesión en la Ciudad de Buenos Aires, y permitir que el Poder Ejecutivo decida, de manera excepcional, cuándo será necesaria una traducción pública.
El proyecto, aún no enviado al Congreso, forma parte de un proceso de desregulación impulsado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. Recientemente, el ministro Federico Sturzenegger cuestionó la obligatoriedad de las traducciones certificadas, considerándolas parte de los requisitos burocráticos que complican los trámites administrativos y desalientan la inversión extranjera.
La propuesta ha despertado inquietudes entre traductores públicos y el Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, quienes argumentan que la modificación no solo afecta aspectos administrativos, sino que puede poner en riesgo la profesión. Cecilia Andrea Irrazábal, traductora pública y abogada, enfatizó que lo que actualmente es una obligación legal podría transformarse en una potestad del Poder Ejecutivo.
Desde el Gobierno, la medida se presenta como una estrategia para simplificar trámites. No obstante, Irrazábal advierte que la discusión no se limita a quién realiza la traducción, sino a la responsabilidad legal que recae sobre el traductor. Esta figura es crucial, ya que certifica la fidelidad del documento original y asume la responsabilidad civil y profesional si la traducción causa un perjuicio.
La traductora Lorena Carassai Frías, con 26 años de experiencia, destacó que su trabajo es fundamental en procesos cotidianos, como la homologación de títulos, trámites de ciudadanía y certificados de antecedentes penales. «Nosotros somos los escribanos de la lengua», afirmó, subrayando la importancia de su rol en la validación de documentos.
Damián Santilli, presidente del Colegio de Traductores Públicos, mencionó que organismos como Migraciones y la ANMAT dependen de traducciones certificadas. Recalcó que la reforma podría eliminar garantías jurídicas fundamentales. Además, destacó que los traductores trabajan con documentos en más de 35 idiomas, incluyendo lenguas poco comunes.
El ministro Sturzenegger argumenta que la reforma busca reducir costos y eliminar requisitos innecesarios. Sin embargo, Carassai refutó que los traductores sean un obstáculo para las inversiones, señalando que sus servicios constituyen una parte menor del costo total de los trámites y brindan seguridad jurídica.
Consultados sobre el avance del proyecto, voceros del Ministerio de Desregulación y Transformación indicaron que el borrador aún no está cerrado y que se enviará al Congreso cuando complete su elaboración. Por su parte, el Colegio de Traductores Públicos ya ha comenzado acciones para oponerse al anteproyecto, comprometiéndose a utilizar todos los recursos disponibles para proteger su profesión.
Fuente: La Nación
