El Departamento Cibercrimen de la Policía del Chaco desarticuló perfiles de redes sociales que difundían mensajes de posibles tiroteos en establecimientos de Resistencia y Barranqueras. Los implicados son menores de edad y sus padres fueron notificados por la justicia.
En el marco de una investigación integral por supuesta «intimidación pública», el Departamento Cibercrimen de la Policía del Chaco llevó adelante esta mañana una serie de procedimientos clave para frenar la ola de amenazas que ponían en vilo a las comunidades educativas del Área Metropolitana. Bajo la premisa institucional «no es broma, es un delito», los agentes lograron identificar a los autores detrás de los mensajes y secuestrar dispositivos tecnológicos.
La investigación se inició tras detectarse publicaciones y mensajes amenazantes que advertían sobre posibles tiroteos en distintos establecimientos escolares de Resistencia y la zona portuaria. Estos contenidos circulaban masivamente a través de plataformas como Instagram, WhatsApp y TikTok. Mediante el análisis de fuentes abiertas, oficios judiciales y tareas de campo, los especialistas en cibercrimen lograron vincular estos perfiles con menores de edad.
Los operativos y secuestros
En Barranqueras, las tareas se centraron en la E.E.S. N° 152, donde se identificó un perfil de Instagram con contenido violento vinculado a una menor de 14 años. Con la intervención de la Línea 102, se notificó a sus progenitores y se secuestró un teléfono Motorola Moto E13.
Simultáneamente, en Resistencia, se intervino por amenazas dirigidas a la E.E.S. N° 75 “Julio Cortázar”. Allí se estableció que dos perfiles de Instagram estaban asociados a otra menor de edad. En este procedimiento se incautaron dos celulares (marcas ZTE y Motorola Moto G15) y se dio aviso a los responsables parentales.
Finalmente, una tercera línea investigativa permitió dar con un menor de 13 años vinculado a otro perfil amenazante. Sus padres fueron notificados y la policía secuestró un teléfono Samsung A14. Todos los dispositivos quedaron bajo cadena de custodia a disposición de la magistratura interviniente para las pericias técnicas correspondientes.
Consecuencias legales
Desde la fuerza policial fueron contundentes: estas acciones, aunque sean realizadas por menores, constituyen delitos graves que movilizan recursos de seguridad y generan angustia social. En los casos donde los autores son menores, las consecuencias judiciales recaen directamente sobre sus progenitores y tutores. La investigación continúa abierta para determinar si existen más implicados en estos hechos de intimidación pública.
