La causa judicial que investigaba la devastadora inundación de 2003 en Santa Fe ha llegado a su fin tras más de dos décadas de litigios. Este cierre definitivo se produjo con la confirmación de condenas para exfuncionarios involucrados y el sobreseimiento de los últimos imputados, entre ellos el exintendente Marcelo Álvarez.
El desbordamiento del río Salado, acentuado por intensas lluvias, provocó una de las peores catástrofes en la historia de la capital santafesina, afectando a más de 130,000 personas y resultando en la muerte de 23 individuos.
Las investigaciones revelaron serias fallas en la gestión de las autoridades de aquel entonces. En 2008, la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Santa Fe ratificó una condena de 21 años de prisión contra el exdirector de Obras Hidráulicas, Eduardo Beracchia, y otros funcionarios por no haber implementado las obras de contención necesarias a pesar de tener los recursos disponibles y por no mantener adecuadamente el sistema de desagües.
La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe respaldó estas condenas en 2025, señalando que la negligencia estatal tenía consecuencias penales, según un informe de El Litoral. Finalmente, en diciembre de 2025, el juez Eduardo Beracchia (hijo) dictó el sobreseimiento definitivo de los últimos imputados, cerrando así un expediente que se había prolongado durante más de veinte años.
Para muchas de las víctimas, el cierre de este proceso judicial no altera el impacto de la tragedia en sus vidas. “Perdimos todo, y aunque haya condenados, el dolor sigue”, comentó una vecina del barrio San Lorenzo, una de las áreas más afectadas.
A medida que se cumplen 23 años de la inundación, Santa Fe recuerda esta tragedia como un momento clave en la reflexión sobre la prevención, la ejecución de obras hidráulicas y la responsabilidad de los funcionarios ante situaciones de riesgo.
Fuente: NA
