Un suboficial de la Policía de Acción Táctica (PAT) de Santa Fe fue condenado a ocho de años de prisión y once de inhabilitación absoluta por su responsabilidad en una serie de hechos de corrupción, que incluyeron allanamientos ilegales, privación ilegal de la libertad y torturas, con el fin de robar drogas y dinero.
Dicha sentencia recayó sobre el agente Guillermo David Toledo, y fue dictada por el Tribunal de Juicio integrado por los jueces Otmar Paulucci, Elena Dilario y Germán Sutter Schneider, luego de un debate centrado exclusivamente en la determinación de la culpabilidad y la pena, ya que la responsabilidad penal del imputado había sido previamente consensuada en un acuerdo parcial entre la fiscalía y la defensa.
Toledo lideraba un grupo integrado por otros seis policías de la PAT, que realizó allanamientos ilegales, privó ilegítimamente de la libertad a varias personas, aplicó tormentos físicos para obtener información y sustrajo cocaína, dinero y otros elementos de una vivienda de Rosario, para luego comercializar parte de los estupefacientes de manera clandestina en la ciudad de Santa Fe.
Por ello, Toledo fue condenado por los delitos de privación ilegítima de la libertad, violación de domicilio, falsificación ideológica de documento público, sustracción de elementos, vejaciones y apremios ilegales, y comercio de estupefacientes agravado por la intervención organizada de más de tres personas y por tratarse de miembros de una fuerza de seguridad.
En tanto, y según supo la Agencia Noticias Argentinas, la situación procesal de los otros seis policías condenados fue resuelta mediante acuerdos plenos homologados entre octubre y diciembre de 2025 por el juez federal de garantías Carlos Vera Barros, quien dictó las sentencias, en las que se impusieron las siguientes penas: Jesús Balais, siete años de prisión, inhabilitación y multa; Fernando Ferreita, seis años, inhabilitación y multa; Iván Schneider, cuatro años y seis meses, inhabilitación y multa; Gerardo Pérez, cuatro años y seis meses, inhabilitación y multa; Sergio Robledo, tres años y sesis meses, inhabilitación y multa; Miguel Aguilar, dos años, inhabilitación y multa.
El 17 de abril pasado, el juez federal de garantías Carlos Vera Barros había homologado el acuerdo parcial entre las partes y declaró la responsabilidad penal de Toledo, quien reconoció los hechos, su participación y la calificación legal.__IP__
Como existían diferencias respecto de la cantidad de años de prisión a cumplir, se realizó el juicio de determinación de pena, mecanismo previsto en el Código Procesal Penal Federal (CPPF) para debatir exclusivamente la sanción a imponer.
Fuente: NA
