Mediante la firma del convenio Pronadem, fiscales y jueces correntinos tendrán mayor agilidad, autonomía y recursos tecnológicos para intervenir ante denuncias por venta de drogas a menor escala en las barriadas.
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Corrientes formalizó la adhesión de la provincia al Programa Nacional de Desfederalización y Asistencia contra el Microtráfico de Estupefacientes (Pronadem). El acuerdo fue rubricado por el ministro provincial, Juan José López Desimoni, y su par de la Nación, Juan Bautista Mahiques.
Esta iniciativa busca complementar las facultades de la Ley Provincial Nº 6725 de desfederalización parcial de drogas. Con este marco, se garantiza el desembarco de asistencia técnica, insumos tecnológicos de vanguardia y capacitación especializada para optimizar la persecución penal del narcomenudeo en todo el territorio correntino.
Articulación estratégica y tecnología
La incorporación al Pronadem, alineada a la gestión del gobernador Juan Pablo Valdés, permitirá que fiscales y jueces ganen autonomía para intervenir de forma inmediata ante la detección de búnkeres o bocas de expendio. El objetivo es que la justicia ordinaria de Corrientes se focalice en disolver el comercio minorista, mientras que las fuerzas federales orientan sus recursos exclusivamente a desbaratar grandes estructuras del narcotráfico organizado.
El convenio contempla, además, el flujo de beneficios logísticos por parte de Nación:
- Recursos tecnológicos: Insumos informáticos y softwares de trazabilidad para el entrecruzamiento de datos criminales.
- Asistencia técnica: Respaldo material para peritajes químicos y allanamientos.
- Inteligencia criminal: Intercambio de información en tiempo real sobre ramificaciones delictivas.
Debate regional
El lanzamiento se realizó en el marco de la Mesa Interjurisdiccional en Buenos Aires, donde participaron delegaciones de Chaco, Neuquén, Chubut y Catamarca. Los representantes debatieron sobre los desafíos de infraestructura y la necesidad de estandarizar protocolos de actuación judicial para lograr una lucha más eficiente contra el microtráfico en la región del NEA y el resto del país.
