A través del Decreto 253, Corrientes y otras ocho jurisdicciones podrán administrar, mantener y cobrar peajes en corredores nacionales bajo un esquema de concesión. La medida, que entra en vigencia este sábado, otorga facultades de hasta 30 años para la conservación de los tramos.
El Gobierno Nacional oficializó la medida que habilita a diversas provincias a concesionar obras de rutas nacionales mediante el cobro de peaje en los tramos ubicados dentro de sus límites geográficos. La disposición, establecida bajo el esquema de delegación de facultades, busca descentralizar el mantenimiento y la inversión en la red vial nacional.
La normativa alcanza inicialmente a Corrientes, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Río Negro, Neuquén, San Juan y Santa Cruz. Bajo este nuevo marco, las provincias podrán asumir tareas integrales de administración, mantenimiento, ampliación y conservación de los corredores.
Condiciones y plazos
Si bien las provincias ganan autonomía operativa, el Estado Nacional conservará la titularidad de las rutas y podrá retomar la gestión si fuera necesario. Las facultades delegadas son de carácter limitado, temporal y revocable.
Para formalizar la gestión, cada jurisdicción deberá cumplir con los siguientes requisitos:
- Convenio con Vialidad: Firma de un acuerdo específico con la Dirección Nacional de Vialidad.
- Plan Estratégico: Presentación de un plan de obras, esquema de financiamiento y condiciones de peaje para su aprobación técnica.
- Plazo de ejecución: Las provincias cuentan con un máximo de un año para iniciar los procesos de selección de concesionarios; de lo contrario, la delegación podría caducar.
Financiamiento exclusivo
Un punto clave del decreto establece que las concesiones podrán extenderse por un período de hasta 30 años. Asimismo, se determinó una restricción presupuestaria estricta: todos los ingresos obtenidos mediante el cobro de peajes deberán destinarse exclusivamente al mantenimiento del tramo concesionado, prohibiendo la reasignación de esos fondos a otras obras o gastos corrientes.
Finalmente, el decreto deja abierta la puerta para que otras jurisdicciones, incluida la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, soliciten competencias similares ante el Ministerio del Interior, que evaluará la factibilidad de cada caso particular.
