La Libertad Avanza (LLA) y Pro empiezan a moverse en sintonía en la Legislatura porteña. Luego de que el bloque violeta acompañara la ampliación presupuestaria impulsada por Jorge Macri, ahora ambos partidos trabajan en conjunto para desregular el sistema de Verificación Técnica Vehicular (VTV) en la Ciudad.
La Legislatura porteña tiene previsto tratar, este jueves, un proyecto presentado por LLA para ampliar los plazos de revisión de los vehículos particulares, liberar el esquema de precios y ampliar el rango de prestadores que pueden brindar este servicio. Hasta ahora, cuatro firmas, ligadas a empresarios apuntados en la investigación contra Jorge D’Onofrio por el presunto cobro de coimas en la provincia de Buenos Aires, monopolizaban el negocio.
“Desde LLA CABA presentamos un proyecto para que tengas la libertad de hacer la VTV en cualquier taller habilitado: cerca de tu casa, de forma simple, rápida y generando más trabajo. Hagamos que la ciudad avance a la velocidad de la Nación”, anunció Pilar Ramírez, presidenta del bloque libertario y alfil de Karina Milei en la ciudad.
VTV LIBRE EN LA CIUDAD 
Desde @LLA_CABA presentamos un proyecto para que tengas la libertad de hacer la VTV en cualquier taller habilitado: cerca de tu casa, de forma simple, rápida y generando más trabajo.
Hagamos que la Ciudad avance a la velocidad de la Nación. pic.twitter.com/vHYAeCQLvn
— Pilar Ramírez (@PilarRamirezmpr) June 10, 2026
La iniciativa pretende alinear a la Ciudad con la resolución que impulsó el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, el mes pasado para poner fin al monopolio de las plantas verificadoras. El objetivo es abrir el negocio a talleres privados que cuenten con equipamiento específico y acrediten capacidad técnica y personal calificado para realizar las inspecciones.
Actualmente, la Ciudad funciona bajo un esquema cerrado -con apenas siete sedes habilitadas para realizar la VTV- que controlan un reducido grupo de empresas. Según reconstruyó LA NACION, son solo cuatro empresas las que que están autorizadas para realizar la revisión de vehículos particulares en el terruño de Jorge Macri.
Se trata, en todos los casos, de compañías que también ofrecen el mismo servicio en la provincia de Buenos Aires, donde el gobierno de Axel Kicillof ya anticipó que no prevé avanzar con la desregulación que impulsan desde Casa Rosada. Algunos de sus directivos están siendo investigados en la causa contra el exministro de Transporte bonaerense Jorge D’Onofrio por el direccionamiento de la licitación de las VTV en ese distrito.
El proyecto sobre las VTV que se debatirá en la Legislatura cuenta -según indicaron fuentes parlamentarias a LA NACION– con el apoyo de LLA, el bloque oficialista Vamos por más (Pro y la Coalición Cívica) y la Unión Cívica Radical (UCR).
El bloque peronista Fuerza por Buenos Aires, en cambio, rechaza la iniciativa: se oponen a que cada proveedor determine el valor del servicio -sin precio máximo de referencia- y las dificultades que se generan para fiscalizar que la verificación esté correctamente hecha. “Si bien estamos de acuerdo con la desconcentración y la descentralización, el criterio de cercanía no puede ir en desmedro de garantizar la seguridad vial”, aseguraron en el bloque.
Las empresas detrás de las VTV
De las siete sedes habilitadas para realizar la VTV en la ciudad de Buenos Aires, cuatro se encuentran el barrio porteño de Barracas. Una de ellas está a cargo de la firma Werniger Sud SA, perteneciente al grupo TUV SUD Atisae. La empresa administra el taller oficial de Herrera 1995, en el barrio porteño de Barracas.
Según registros oficiales del 2023, la compañía está presidida por Germán Jorge Neuss, fundador de Neuss Capital. El empresario, al igual que sus hermanos Patricio y Juan Neuss, mantienen un estrecho vínculo con el asesor presidencial Santiago Caputo.
Según el sitio web de Werniger SUD, la empresa también realiza revisiones en la provincia de Buenos Aires, donde cuenta con cuatro talleres autorizados en las localidades de Solano, Bernal, Berazategui y Avellaneda. Es decir, incluso si la Legislatura porteña avanzara con la desregulación en la capital federal, la firma aún conservaría su protagonismo en el negocio de las VTV bonaerenses.
Algo similar sucede con la compañía Applus Iteuve Argentina SA, que administra otras dos plantas verificadoras de Barracas: una en Vélez Sarsfield 566 y otra en Santa María del Buen Ayre 1001. En tanto, en el distrito que conduce Kicillof, y según datos de su página web, concentra bajo su órbita 19 centros que ofrecen este servicio.
Según registros oficiales, la firma está a cargo del empresario Aitor Retes Aguado. El empresario ejerce desde 2015 como vicepresidente de la Comisión Internacional de Inspección de Vehículos, una asociación internacional especializada en seguridad vial.
Según información del Gobierno de la Ciudad, las otras cuatro terminales de verificación habilitadas en la Capital Federal están en manos de SGS Argentina SA y VTV Metropolitana-VTV Norte. La primera gestiona los centros habilitados en Tronador 115 (Paternal) y Osvaldo Cruz 1711 (Barracas), mientras que la segunda gestiona las sedes de 27 de febrero 5483 (Pompeya) y Donado 973 (Villa Ortúzar).
Al igual que las otras dos firmas que tallan en el distrito de Pro, también están autorizadas a realizar las VTV en la provincia de Buenos Aires.
SGS Argentina está, hoy a cargo de Federico Schroer, pero hasta mediados del año pasado -según consigna en el perfil de Linkedin de sus autoridades- estuvo a cargo de Germán Leandro Rebolo. VTV Norte, por su lado, está a cargo del empresario Martín Hernán Serrano, quien también ejerce como presidente de la Cámara Argentina de Empresas Verificadoras de Automotores.
Tanto Neuss y Retes Aguado como Rebolo y Serrano quedaron bajo la lupa judicial luego de que se abriera una investigación contra el exministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D’Onofrio por el direccionamiento del servicio de VTV en la provincia de Buenos Aires.
La semana pasada, el fiscal Álvaro Garganta solicitó que se eleve a juicio la causa por corrupción que investiga al exfuncionario. En el documento presentado ante el Juzgado de Garantías N°4 de La Plata, el fiscal pidió la citación del exministro y los cuatro empresarios mencionados, investigados en calidad de “autores de cohecho activo y como partícipes necesarios de la negociación incompatible”.
Fuente: La Nación
