Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja, ha tomado la polémica decisión de reintroducir los Chachos, una cuasimoneda previamente utilizada en 2024. Este movimiento se presenta como una estrategia para «atenuar» la pérdida del poder adquisitivo y reactivar el consumo en una provincia que enfrenta serios problemas financieros y que ha declarado un nuevo default.
Los Chachos, oficialmente denominados «Bonos de Cancelación de Deuda», son emitidos por el gobierno provincial en un contexto donde La Rioja no logra cumplir con sus obligaciones de deuda. Quintela ha afirmado que esta medida no generará desequilibrio fiscal, a pesar de los antecedentes de incumplimiento financiero y la reciente decisión de no pagar el vencimiento de su deuda.
En un entorno marcado por la incertidumbre económica, Quintela ha advertido a los inversores que si el peronismo regresa al poder, se revisarán las inversiones actuales, con la posibilidad de nacionalizar o expropiar lo que el próximo gobierno considere necesario. Esta declaración ha suscitado preocupación entre los inversores, quienes podrían verse en riesgo ante la falta de seguridad jurídica.
Históricamente, las administraciones de Quintela han realizado expropiaciones sin la debida indemnización, lo que plantea serios interrogantes sobre la protección de los derechos de propiedad. La reciente advertencia del gobernador sugiere una revisión de inversiones de manera arbitraria, lo que podría asustar a potenciales inversores y afectar el clima de inversión en la región.
La dependencia económica del Estado en La Rioja se ha intensificado, creando un escenario donde el ciudadano no solo interactúa con el poder como votante, sino también como beneficiario de asistencia estatal. Esta dinámica puede transformar la dependencia económica en dependencia política, debilitando así la autonomía de los individuos frente al gobierno.
Una imagen emblemática de la campaña electoral de Quintela resume esta situación: el gobernador repartiendo billetes de mil pesos desde una camioneta, lo cual ha sido interpretado como un intento de manipulación política a través de la distribución de recursos públicos. Este tipo de acciones refuerza la confusión entre el Estado y el gobernante, donde los derechos de los ciudadanos se ven comprometidos por la lógica del favor y la asistencia.
El modelo de Quintela plantea una alarmante posibilidad: la pobreza se convierte en un ambiente propicio para el ejercicio del poder, transformándose en una herramienta para manipular a la sociedad. La dependencia generada por la escasez puede perpetuar un ciclo donde las verdaderas soluciones a la pobreza se posponen indefinidamente, dejando como resultado una economía que depende de los Chachos y de la intervención estatal.
Fuente: La Nación
