El Tribunal Oral Federal dictó el fallo este jueves tras el juicio al dirigente social por el delito de lavado de activos agravado. Su esposa y sus tres hijos también recibieron penas de prisión efectiva. Se ordenó el decomiso de campos, miles de cabezas de ganado y vehículos.
En una jornada que marca un antes y un después en las causas judiciales contra dirigentes sociales en la provincia, el Tribunal Oral Federal de Resistencia condenó este jueves a Ramón Alberto “Tito” López a la pena de 10 años de prisión. El fallo lo encontró responsable del delito de lavado de activos agravado por la habitualidad y por haber sido cometido en banda, en concurso real con fraude a la administración pública.
La sentencia no solo alcanzó al líder del Movimiento MTD 17 de Julio, sino también a su círculo familiar íntimo. Su esposa, Librada Beatriz Romero, y sus hijos David Alberto, Walter Ramón y Daniel Alberto López, fueron condenados a 9 años de prisión como coautores del mismo delito.
El fin del «Clan López»
El juicio, que captó la atención de toda la región NEA, logró desentramar una compleja red de blanqueo de capitales que el «clan» habría construido durante años. La justicia determinó que los bienes de la familia no tenían correlato con sus ingresos legales, detectándose un patrimonio millonario que incluía miles de hectáreas de campos en el interior provincial, cerca de 3.000 cabezas de ganado y una flota de vehículos de alta gama.
Además de las penas de prisión, el tribunal ordenó el decomiso masivo de los bienes involucrados en la causa, los cuales pasarán a manos del Estado para ser destinados a fines sociales y de seguridad, revirtiendo así el perjuicio causado al erario público.
«No estoy arrepentido»
Cabe recordar que, en sus últimas palabras antes de la sentencia brindadas el miércoles, “Tito” López se había mostrado desafiante ante el tribunal, asegurando que era un «trabajador rural» y que no se arrepentía de sus acciones. Sin embargo, las pruebas presentadas por la fiscalía fueron contundentes para demostrar la asociación ilícita y el origen espurio de sus activos.
Con esta condena, se cierra uno de los capítulos más resonantes de la historia judicial reciente del Chaco, enviando un fuerte mensaje sobre el control de los fondos públicos y el accionar de los referentes sociales en la provincia.
